¿Qué pensaría si el Gobierno le dijera que no va a encarcelar a los yihadistas de su país que se unieron al Estado Islámico (ISIS, en sus siglas en inglés)? ¿Y si le anunciara que, incluso, les ayudará a regresar? Durante los últimos dos años se conocen prácticamente a diario noticias sobre células de reclutadores islamistas desactivadas o jóvenes radicalizados detenidos cuando pretendían unirse al ISIS. Son más de 30.000 combatientes extranjeros los que se han marchado durante los últimos cuatro años, un 21% europeos, según los últimos datos del Instituto para la Economía y la Paz. Los Gobiernos han debatido desde entonces cómo evitar esos desplazamientos y han endurecido sus legislaciones para atajar el fenómeno. Pero poco se ha debatido sobre cómo actuar con aquellos que regresan. Y esos viajes de vuelta también se dan. Seguir leyendo